Los límites de la libertad de expresión
La libertad de expresión es, quizá, la más fundamental de todas las libertades, pues es la que nos permite denunciar los intentos de cercenar otras libertades por parte de los poderes establecidos.
La libertad de expresión, por sí sola, garantiza muy poco, porque es preciso que existan los canales adecuados para que esa libertad formal se materialice. En una situación de monopolio informativo, por ejemplo, la libertad de expresión no se podría materializar. Sin embargo, este es otro capítulo y no es el objeto del presente escrito, en el que nos ocuparemos tan solo de la libertad formal, dando por supuesto que aquella se puede materializar.
Es indudable que el uso irresponsable, o malintencionado, de la libertad de expresión puede acarrear daños importantes, a veces de carácter irreversible - acordémonos del “calumnia que algo queda” -, a la persona o a la entidad perjudicada, y que dicho exceso debe ser castigado, de igual forma que resarcida la persona o la entidad. En esto creo que estaremos todos de acuerdo.
La cuestión a discutir es a quien corresponde limitar dichos excesos verbales en un Estado de Derecho. Mi opinión es que es sólamente la ley, mediante los tribunales, la que se debe encargar de corregir dichos excesos, ya se trate de difamación, injurias, calumnias, atentado contra el honor, o cualesquiera que sean los diferentes delitos o faltas tipificados como consecuencia del mal uso de dicha libertad.
Si no protegemos adecuadamente la libertad de expresión las demás libertades, que dependen en gran parte de ésta, se verán amenazadas por todos los que, desde el poder, mantienen tentaciones liberticidas.
Ningún comité ético de periodistas, ni ningún ente oficial, al margen de los tribunales, debe arrogarse la potestad de decidir sobre el uso adecuado o inadecuado de dicha libertad. Eso supondría considerar a los ciudadanos súbditos, incapaces de seleccionar y contrastar la información que se les ofrece, al tiempo que dichos organismos acabarían convirtiéndose en órganos censores al servicio de los poderes fácticos establecidos.
Si la democracia nos supone maduros para votar, que es la decisión más importante que se puede tomar, también nos debe suponer maduros para leer o escuchar aquello que consideremos más oportuno.
Normalmente, aquellos que son partidarios de limitar la libertad de expresión, no están tan preocupados por el uso de la misma como por la audiencia de que disponga aquél al que pretenden limitársela. A ninguno de estos liberticidas le preocupa el uso inadecuado que pueda hacer de la misma alguien sin altavoz mediático, de la misma forma que tampoco le preocupará en exceso el mal uso que puedan hacer de la misma los medios afines a su ideología. Creo, por tanto, que aquellos que abogan por limitar la libertad de expresión alegando motivaciones éticas, en realidad, ocultan sus verdaderas intenciones: imponer su pensamiento como el pensamiento único, limitando exclusivamente la libertad de los que no piensan como ellos.
Al referirme a la libertad de expresión, y defenderla, lo hago con la que se dirige a la población adulta. Los niños merecen una protección y una consideración aparte, que sí me parece que debe quedar regulada.
La libertad de expresión debe estar garantizada por la ley, de la misma forma que tipificados sus excesos, y cualquier atajo a los tribunales esconde intereses inconfesables.
Es cierto que, a veces, el mal uso de dicha libertad puede condenar a personas al descrédito, y que enfrentarse a un poder mediático en los tribunales suele resultar costoso e infructuoso. También estoy absolutamente de acuerdo con eso, pero la solución sería mejor nuestro sistema legal, y acostumbrarnos a que el mayor garante de nuestras libertades debe ser el imperio de la ley. Estamos acostumbrados a lo contrario, y vemos que el poder político trata de maniatar al poder judicial, una y otra vez, pero debemos ser conscientes de que las democracias sólidas han de caracterizarse por el sometimiento de todos y cada uno de sus ciudadanos a la leyes.
De cualquier modo, estos peligros que encierra la libertad de expresión, como el descrédito absoluto e injustificado de una persona física o jurídica, nunca sería solventado por un organismo censor que estaría más ocupado en proteger los intereses del organismo por el que fue creado.
Los principales canales por los que se ejerce la libertad de expresión en las democracias modernas son la prensa escrita, la radio, la televisión, y últimamente internet. Ciertamente, los tribunales son absolutamente incapaces de controlar todos y cada uno de los excesos de la libertad de expresión procedentes de dichos medios, y esta incapacidad fáctica puede ser aprovechada por muchos para continuar usando impunemente los privilegios de abusar de dicha libertad.
A los sistemas democráticos hay que presumirles confianza en la madurez de las personas, pues por eso nos permiten que votemos. Esta madurez también debe servir para que las personas opten por aquellos canales de información que estimen más veraces, que contrasten mejor la información y que distingan claramente ésta de la mera opinión. De esta forma, en las democracias maduras, aquellos medios que falsificasen la verdad de forma continuada estarían condenados a desaparecer, ya que, como los políticos se encargan de recordarnos una y otra vez, aunque no acaben de creérselo, el pueblo es sabio.
Si lo somos, adelante: libertad de expresión sin otra cortapisa que la legal. Y si no, los propios políticos que votamos serían los primeros que habría que cuestionar.
