Promesas electorales

Es muy triste observar el espectáculo que ofrecen nuestros políticos, para inmediatamente a continuación pensar que tenemos lo que nos merecemos.

 Todos estamos acostumbrados a que en época preelectoral los políticos prometan cosas que puedan hacer atractiva su oferta a los electores, pero de ahí a convertir la campaña en un mercadillo de todo a cien va un abismo, que - digo yo - marcará una diferencia entre las democracias maduras y las populistas.

Cualquier persona que pueda verse beneficiada por cualquiera de los señuelos electorales prometidos debería preguntarse: ¿ y por qué no me lo han ofrecido antes ?. Aparte, debería preguntarse hasta qué punto queda atrapado su voto por unos políticos sin escrúpulos, y si esas medidas que ahora aparentemente le favorecen no podrán perjudicarle por otro lado.

Ese goteo continuado de promesas, según marchen las encuestas de intención de voto, demuestran que nuestros políticos nos consideran títeres que pueden manejar a su antojo. Esta política demagógica, ruin, y ruinosa a un tiempo, es tan nefasta que todos los políticos se ven abocados, si quieren tener alguna oportunidad, a participar en esa carrera desenfrenada de promesas.

El clientelismo político que genera esta clase de políticas supone un cáncer para cualquier democracia, y todos los países que emprenden ese senda sin rubor tienen un difícil retorno.

No es lo mismo implementar una serie de reformas estructurales para abaratar el precio del suelo que pagar la mitad del alquiler, la fianza y el aval a determinados jóvenes, aunque estas últimas medidas sean más rentables electoralmente.

Las promesas electorales no sólo se reducen al puro mercantilismo con los electores.

Parece ser que una gran mayoría de la población aplaude la ilegalizacion de organizaciones, como el PCTV (Partido comunista de las tierras vascas) y ANV ( Acción nacionalista vasca), cuya vinculación con Batasuna era para todos algo más que una sospecha. Sin embargo, ¡casualidad de casualidades!, las pruebas oportunas para iniciar los trámites de su ilegalización no han aparecido hasta ahora. En este terreno se traspasa la barrera de la tunantería y de la desvergüenza, para penetrar en los abismos de la más profunda inmoralidad. Sin embargo, las encuestas vaticinan que el pueblo español está capacitado para soportar mayores dosis de engaño. Adelante con ello, pues.

Los problemas que ya anticipó Tocqueville, y que fueron magistralmente plasmados por Orwell, nos demuestran que el Estado no está dispuesto a ceder su papel de “Gran Hermano”, en favor de la independencia ciudadana, y que le sale mucho más rentable seguir considerándonos lo que en relidad somos: súbditos. Sólo aquellas naciones suficientemente cultas - no es el caso de España -, o aquellas con economías estructuralmente asentadas en el sector privado, pueden disponer de alguna posibilidad de combatir la inmensa demagogia que es la tentación continuada de nuestras democracias.

De lo contrario, en democracias débiles como la nuestra, sometidas a embates desde diversos frentes, la única forma de desalojar a un Gobierno en unas elecciones es,  o bien que ocurra una enorme catástrofe, de la cual se pueda responsabilizar al gobierno de turno, o bien que el nivel de paro y de corrupción generalizada haga ver imprescindible el cambio.

Es lógico que las personas se vean afectadas por el bolsillo, pero lo que no es lógico es que esa sea la única causa por la que las personas se vean afectadas. Esa especie de anestesia a todo lo demás que ocurre a su alrededor, excepto al bolsillo, muestra la imagen más decadente de una sociedad sin fibra y sin valores. Un partido político que quiere tener a los ciudadanos a su merced, con tan sólo llenarles la barriga, debe procurar cultivar un hedonismo superficial que impregne a toda la sociedad. No creo que una educación de calidad, destinada a formar ciudadanos librepensadores, interese a nuestros políticos, sino más bien una educación “light”, destinada a formar posibles futuros votantes manipulables desde la llamada de sus tripas.

Progresismo versus conservadurismo

Normalmente la izquierda en España se llama a sí misma progresista, y la derecha asume que es conservadora. Me gustaría en este artículo analizar estos términos, a fin de conocer si lo anterior responde a algún tipo de realidad o, por el contrario, se trata de una mitificación más.

 Si entendemos por progresistas a los amantes de cierto tipo de progreso, como el tecnológico, o como el científico, yo conozco - y supongo que todos conocemos - a muchas personas de derechas que les encanta el último artilugio, o que disfrutan con los vances de la ciencia. Por tanto, será conveniente restringir el concepto de progresista a algún ámbito más concreto, como por ejemplo el de los derechos sociales. Admitamos, por el momento, que la gente de izquierda, en general, es más partidaria de ampliar derechos para la gente más necesitada, mientras que la derecha se muestra más partidaria de conservar los privilegios.

¿Podemos decir, en ese sentido, que la gente de izquierda es más progresista que la gente de derecha?. La manera de decidir si esto es así será analizar las características generales que definen lo que entendemos por izquierda, así como las características de lo que entendemos por derecha, e intentar deducir si de esas características se deriva el carácter conservador para la derecha y el progresista para la izquierda.

La izquierda, en general, es más partidaria de la intervención estatal en muchos aspectos de la sociedad, mientras que la derecha lo es más de favorecer la iniciativa privada, desconfiando más de la intervención estatal. Hay otras diferencias, por supuesto, pero quizás la más relevante sea la anterior. Además, otras diferencias entre izquierda y derecha varían según los países que se consideren, mientras que la diferencia que señalé anteriormente es la más constante. 

 Dese el punto de vista anterior, una persona de derechas que defienda la igualdad de oportunidades - aunque esto sea una utopía -, una sanidad y una educación públicas, y unas prestaciones sociales modernas, puede considerarse un progresista, mientras que aquel que propugne seguros privados para todas las cuestiones anteriores podría ser considerado un reaccionario. De igual forma, una persona de izquierdas que aún defienda tiranías como la de Castro, o igualar por lo bajo, aún a costa de que todos estén peor, podría considerarse un reaccionario, mientras que aquél que desarrolle políticas de izquierda evitando la demagogia al uso, y respetando las reglas de las democracias modernas, basadas en la separación de poderes, y en el respeto escrupuloso al Estado de derecho, es digno de ser considerado progresista.

 Por tanto, ni ser de izquierdas implica ser progresista ni ser de derechas implica ser conservador. A veces, sin embargo, con más frecuencia de lo deseable, los partidos de izquierda, y las personas de izquierda, pretenden monopolizar la idea de progreso.

El respeto escrupuloso a la ley y al Estado de derecho es un signo inequívoco de progreso, pues la ley, al ser igual para todos, sin excepción, nos protege de los poderosos. Todo el peso del poder del Estado se manifiesta en la ley, y en la independencia de Poderes, y nadie puede sentirse seguro en un Estado en el que la ley es papel mojado. Más inseguros que nadie los pobres, los que carecen de recursos. Desde este punto de vista, no hay nadie más reaccionario que aquel que propugna la impunidad ante la ley según y cómo, dependiendo de como soplen los vientos.

Por supuesto que existen leyes injustas, y habrá que intentar derogarlas pero, entretanto, habrá que cumplirlas aunque no nos gusten, siempre que no atenten contra la dignidad humana. Esto, que fue algo común en los años 30 y 40 del pasado siglo en Europa, hoy constituye una excepción en las democracias occidentales.

 En función de todo lo anteriormente expuesto, un buen test para calibrar si estamos ante una persona progresista o reaccionaria es preguntarle por su opinión respecto al cumplimiento de las leyes, y averiguar el respeto que mantienen por la indepencia de poderes. Una persona de izquierdas, o de derechas, que desea que su partido favorito gobierne a cualquier precio, incluso por encima de la ley, es un reaccionario.

Lo necesario, lo útil y lo superfluo

La perversión interesada del lenguaje ha llegado a ser un fenómeno tan propio de nuestro tiempo que ha conseguido sus propósitos: transformar las mentes al servicio de los intereses publicitarios. Es un fenómeno tan perverso que excede a su finalidad original - que la gente adquiera el producto, o el servicio que se publicita -, y consiguen organizarnos la vida según sus intereses, haciendo además que si intentamos ser independientes nos sintamos desgraciados en mayor o menor grado. Nadie escapa a la voracidad de las grandes campañas publicitarias, pero los niños y la gente joven, e inmadura en general, son sus víctimas principales.

La nefasta influencia que tales campañas despiadadas de publicidad ejercen en nuestra sociedad, y entre nuestros jóvenes en particular, no es fácil de corregir ni es probable que exista interés en hacerlo. Por un lado están los intereses de las grandes empresas, y su influencia sobre el poder político que podría arbitrar leyes destinadas a atajar semejante desmesura, así como alertar a nuestros jóvenes del terrible efecto que dichas campañas pueden ejercer sobre su personalidad y sobre sus vidas. Atajar el problema desde todos los ángulos posibles equivaldría a cambiar la sociedad de mercado, profundamente injusta desde mi punto de vista, en que estamos inmersos.

Entretanto, nos tendremos conformar con mucho menos. Quizás, lo primero sea visualizar y definir el problema, y su envergadura. Si no nos hacemos plenamente conscientes de ello vanos resultarán todos nuestros intentos.

Nuestros políticos deberían sacar adelante una ley de ética publicitaria, que castigara con multas proporcionales al daño que ocasionan la perversión lingüística de determinadas campañas publicitarias. Cualquier insinuación en un anuncio, por ejemplo, a presentar el último modelo de móvil como una necesidad, sin el cual nos vamos a sentir desgraciados, debería estar absolutamente prohibida por ley, y habría un órgano formado por intelectuales independientes, y a ser posible anónimos, que se encargarían de dictaminar sobre la influencia perversa, abierta o subliminal, de las campañas de publicidad.

Paralelamente, el sistema educativo y los medios públicos impartirían a la sociedad, y a nuestros jóvenes, charlas, conferencias, cursos y cuanto se estime conveniente, destinadas a combatir la influencia negativa de la codicia de las grandes empresas.

Lo necesario, lo que precisamos para vivir, se ha hipertrofiado de una forma absolutamente interesada, y una gran mayoría hoy siente como necesario el ordenador, internet, el móvil y el último mp4. Sin embargo, paradójicamente, nadie considera necesario que nos libren de la perniciosa influencia de la publicidad, que nos aliena como personas fomentando a un tiempo lo peor que llevamos dentro.

Mientras que lo necesario debería ser algo muy restrictivo, y con un contenido objetivo, lo útil dependería exclusivamente de la persona que lo juzgue. Para unas personas será útil un ordenador, y para otras será más útil un balón de fútbol.

Puesto que nuestras necesidades son muy escasas, y nuestros intereses limitados, lo superfluo es el capítulo fundamental de las campañas de publicidad, y la mayor parte de las cosas que acumulamos se deberían incluir en este capítulo.

Reflexionar adecuadamente, y de forma repetida - la única forma de ccambiar nuestros hábitos, los mentales incluidos - sobre esta materia y sobre estos conceptos podría repercutir de forma muy favorable sobre nuestra libertad de elegir y sobre nuestra felicidad. De entrada, sería más difícil sentirse desgraciado por causa ajena, y disminuiría la envidia puesto que todos sabríamos que los más ricos lo que acumulan son sólo cosas superfluas. No existiría entonces ese interés desmesurado por hacerse rico, disminuiría la explotación, y el hombre buscaría aquellas cosas a las que nunca debió renunciar, sin siquiera saberlo: ser uno mismo, y no lo que quiera determinado Banco, o determinada empresa.

 Sé que este último párrafo puede resultar utópico y esa ha sido mi intención al redactarlo, porque muchas utopías de hoy son el revulsivo necesario para cambiar el presente.

La falta de urbanidad

La convivencia diaria con los otros, desde mi punto de vista, se ve enormemente dificultada por la falta de urbanidad. Pequeñas cosas, tales como escupir en la calle, aparcar en doble fila bloqueando la salida de vehículos, circular en ciclomotor con un ruido ensordecedor, permitir a los niños que se comporten como salvajes molestando a propios y extraños, son tan sólo algunos ejemplos ilustrativos de aquello a lo que me refiero. Son cuestiones numerosísimas y muy frecuentes, que no constituyen falta ni delito punible y que, sin embargo, nos pueden acabar agotando, y ante las que el ciudadano normal se encuentra inerme pues no se trata de reclamar un derecho, sino de solicitar un poco de urbanidad.

 Alguien podría pensar que quien se molesta por tales cuestiones es un pejiguera, pero no es tal, puesto que estas cosas molestan a una gran mayoría de personas y la diferencia está en que mientras algunos las efectúan todos las padecemos. Hoy, que está tan en boca de todos la palabra solidaridad, yo pediría que todos empezáramos aplicándola al prójimo más cercano comportándonos con la debida urbanidad y facilitándole la vida diaria. Y a partir de ahí, ampliemos nuestra solidaridad tanto como queramos.

En el fondo, y dado que casi todo el mundo es capaz de comprender las molestias que ocasiona con su conducta y, sin embargo, no opta por corregirlas, lo que subyace en la falta de urbanidad es una falta de respeto hacia los demás, antes que un error de conocimiento. Por tanto, no es algo que se vaya a corregir con clases que expliquen normas de comportamiento. Es más un defecto moral, o ético si preferimos, que un defecto intelectual.

La sociedad franquista, con su autoritarismo, imponía la urbanidad mediante normas coercitivas, de tal forma que si un guardia te veía escupiendo en la calle te podía reprender severamente. De igual forma, el autoritarismo en la familia, reflejo del autoritarismo en la sociedad, evitaba el comportamiento caprichoso e insolente de los niños hacia los padres, y con ello se evitaban de paso las molestias consiguientes al prójimo.

El problema surge en las sociedades democráticas, en las que la falta de autoridad es fácil que se manifieste en una abrumadora falta de urbanidad. Por supuesto que existen sociedades con una enorme tradición democrática y, sin embargo, con un alto grado de urbanidad. ¿Qué hace que un sueco posea, por ejemplo, mucha más urbanidad que un español, o que un italiano?.

Si admitimos que la falta de urbanidad deriva, fundamentalmente, de una falta de respeto hacia el prójimo la pregunta sería la siguiente: ¿Hay alguna forma de aumentar el respeto mutuo sin aplicar el principio de autoridad?. Yo creo que no, a corto o a medio plazo, al menos. Ignoro cómo los antiguos vikingos evolucionaron a los civilizados nórdicos, pero seguro que no fue en un corto período.

Yo propongo, por tanto, devolver la autoridad que se les arrebató a cierto agentes sociales, como a los maestros y profesores, y también a los guardias urbanos, a los que nunca se les debió de despojar de su papel corrector de conductas infantiles antiurbanas. Ahora, los ocupan más en servir de guardia pretoriana de alcaldes y ediles que de cumplir con su antiguo papel de vigilar la ciudad. Si alguien, en un exceso de prurito democrático, ve esta medida como un exceso de autoritarismo le recordaría que no hay mayor caciquismo que emplear a funcionarios locales como si de su guardia personal se tratara, y que tampoco hay nada tan antidemocrático, ni tan salvaje, como el autoritarismo de los alumnos hacia el maestro.

Quizás entonces, sólo entonces, cuando la mayoría haya asimilado las enormes ventajas de una sociedad debidamente urbanizada se pueda probar a relajar, en alguna medida, el principio de autoridad, totalmente compatible, por cierto, con una sociedad democrática. Lo que no es compatible, en manera alguna, por lo que he explicado y por lo que venimos observando, es evolucionar hacia la urbanidad prescindiendo del principio de autoridad.

Por supuesto, arbitrar medidas tendentes a devolver a ciertos agentes la autoridad perdida no son populares, y además no importan demasiado a quienes no lo sufren a diario, a los del coche oficial. Por tanto, no se debe esperar demasiado de los políticos en este sentido. Tendrá que ser la sociedad quien se lo exija, utilizando todos aquellos cauces disponibles.

Educación para la ciudadanía

Siempre mantuve recelos sobre la implantación de esta nueva asignatura con carácter obligatorio. Se trataba entonces de algo intuitivo, que era incapaz de intelectualizar adecuadamente.

Por una parte estaba José Antonio Marina, autor del que poseo algunos libros, que era quien había elaborado el primer texto de la nueva materia, por encargo de la editorial SM. Por otra parte, en un coloquio en el que participaba el mismo autor, tras ser preguntado sobre el derecho de los padres a educar, dijo que no era éste un derecho absoluto, y que por encima de este derecho estaba el de los hijos a ser bien educados. Puso el ejemplo de que un padre con ideas nazis no debería disponer del derecho de inculcar a su hijo tales “ideas”.

Según parece la nueva asignatura pretende “educar en valores”, y estos “valores” se han ido pergeñando un poco “ad hoc”, como se puede observar en el contenido de la página del Ministerio, a la que hago referencia en el enlace anterior. He leído cosas sueltas sobre guías que ha editado el Ministerio de Educación, así como sobre los diversos contenidos de los que se pretende dotar a la asignatura.

Hace tan sólo unos días escuché decir a la ministra que la nueva asignatura era tan importante como las matemáticas, y sólo pensé que cómo entonces había tardado tanto en inventarse.

También me sorprendió, por lo escandaloso, que la formación de los profesores que impartirían la nueva asignatura se había encargado a una Fundación dirigida por un diputado socialista.

En fin, la cuestión primordial son los “valores” a impartir, o sobre los que discutir, aunque si de esto último se trata, de discutirlos, habría que recordarle a la ministra que el teorema de Pitágoras no se discute, sino que se demuestra, y uno no opta por aceptarlo orechazarlo, como si de una valoración subjetiva se tratara. Al final, las valoraciones, los “valores”, forman parte de la conciencia íntima de las personas, y “formar” las conciencias suena a adoctrinamiento, se mire por donde se mire, o lo haga quien lo haga, ya sea el Estado, la Iglesia, Marina o quien se tercie.

Yo considero mucho más imprtante enseñar a discutir, a polemizar o a razonar, siguiendo unas bases, que impartir “valores”. Entretanto, enseñe usted conocimientos objetivos, y cuando la persona los haya adquirido, y sepa discutir y analizar lo aprendido, que sea él quien establezca las valoraciones que juzgue más adecuadas. Los “valores” son subjetivos, pues si no lo fueran merecerían un nombre diferente, y deberían ser impartidos en aquellas asignaturas en las que se enseñan conocimientos objetivos. No es conveniente relativizarlo todo, ni dar un carácter absoluto a lo que tan sólo es una valoración personal.

A mí, por ejemplo, las democracias occidentales me parece que han alcanzado un grado de civilización muy superior a las teocracias medievales, y que de ningún modo se pueden situar al mismo nivel. También me parece que no está demostrado que la adopción de hijos por homosexuales no tenga repercusiones para el desarrollo emocional a largo plazo de estos niños, aunque los homosexuales me parezcan dignos de total respeto, y aunque piense que no se debe discriminar a nadie por razón de su condición sexual. También opino que la homosexualidad, o la heterosexualidad, no son opciones, como tanto se viene insistiendo, sino tendencias que poseen un probable trasfondo genético desconocido en la actualidad. Y, en fin, podría seguir hablando y hablando sobre mis pareceres o sobre mis valores, pero no serían más que esto: “valores”, o valoraciones subjetivas, que no puedo pretender que todos los demás compartan.

Otra cosa son las leyes, la ley positiva, que a todos obliga, independientemente de nuestro credo particular. Aunque yo sea partidario de la ablación de clítoris, o esté en contra de las transfusiones, la ley me impone una conducta a seguir, y cuando existe un conflicto entre mis “valores” y la ley, yo deberé optar entre mi conciencia o la cárcel. La ley es el sistema mediante el que las sociedades civilizadas se protegen de la escala particular de valores de cada ciudadano. Si todos compartiéramos los mismos “valores” la gran mayoría de las leyes resultaría ociosa.

“Educar en valores” me parece privar al ciudadano de ejercer una función que le compete, en función de los conocimientos que ha adquirido en el tiempo y en el lugar en que le ha tocado vivir, y permitir que sea el Estado el que asuma la función que le corresponde a éste supone relegarlo a la condición de mero súbdito, algo más propio de regímenes totalitarios que de sistemas democráticos modernos. Si el que adoctrina es el Estado, malo; si quien lo pretende hacer es el Gobierno de turno, mucho peor.

Democracia, autoridad, libertad y responsabilidad

La democracia no consiste únicamente en votar cada cuatro años. Existen muchos regímenes populistas en los que se procede a votar y que distan mucho de lo que es una democracia real. Las democracias sólidas, dignas de tal nombre, se fundamentan mucho más en la separación real de poderes.

En las democracias reales debe estar garantizada la libertad de los ciudadanos para ejercer el voto, así como otras libertades, entre las cuales la de expresión ocupa un lugar primordial. En los regímenes autoritarios, de uno u otro signo, las libertades están cercenadas por el poder político, y las excusas para hacerlo pueden ser diversas, tales como asegurar el mantenimiento del orden o garantizar una supuesta igualdad.

Está claro que un cierto nivel de orden es necesario para la convivencia, y que la libertad sin responsabilidad puede conducir al aumento de la entropía y al caos. La energía necesaria para que las sociedades libres no se vean desbordadas por el aumento de entropía, y el consecuente caos, es el principio de autoridad. Las personas que se benefician de las libertades de vivir en un sistema democrático deben aprender que ese privilegio lleva aparejada la responsabilidad de su uso, y que cualquier exceso o abuso que contravenga las leyes será castigado con toda la dureza que la ley prevea. En ocasiones puede ser necesario emplear mayor dureza que en los regímenes autoritarios.

A veces se asocian los regímenes democráticos con la permisividad, con cierto nivel de impunidad ante la ley, y esto permite que con frecuencia afloren conductas vandálicas, las cuales desvirtúan la propia democracia. No es infrecuente observar en estas democracias permisivas, cuando un partido político obtiene la victoria, que los partidarios del partido perdedor monten algarabías en un intento de deslegitimar al propio sistema. Es aquello de “democracia sí, siempre que gobiernen los nuestros”. Estas conductas vandálicas contra el mobiliario urbano debieran estar especialmente perseguidas y castigadas.

Uno de los signos, a mi juicio, más sintomáticos del uso abusivo de las libertades proviene de la observación de aquellas conductas incívicas que no están castigadas por la ley.Escupir en la calle, aparcar en doble fila y ausentarse, hablar a gritos en un restaurante, permitir que nuestros hijos pequeños molesten al prójimo, y un largo etcétera, serían tan sólo algunos ejemplos de conductas incívicas que enrarecen la convivencia diaria, y a la que países mediterráneos como el nuestro estamos muy acostumbrados.

En países de mayor tradición cívica, como los países nórdicos, las leyes pueden ser menos coercitivas que en países como el nuestro, en que lo público, por ser mío también, se interpreta como algo fungible en el menor tiempo posible.

El chándal

Este atuendo deportivo, utilizado para que los deportistas no se enfriaran en los momentos anteriores y posteriores a la prueba, ha pasado a convertirse en la prenda más universal.

Se usa para todo. Vamos de visita a un domicilio y es corriente que nuestros anfitriones nos reciban en chándal. Acudimos a un bar, o a una cafetería, y vemos chándales por doquier. En los supermercados y grandes superficies, en hospitales, paseando por las calles, en restaurantes. No sé si ha llegado a las embajadas, pero no me extrañaría.

Lo usan por igual niños que niñas, jóvénes que jóvenas, adultos que adultas, y hasta los abuelos y las abuelas. Sí, sí, hasta éstos. Normalmente combinados con los tenis, que son como las antiguas zapatillas de deporte pero más mazacotas y de colores variados.

Los hay de diversos tejidos y de todos los colores y combinaciones de colores, abundando los fosforitos, lo cual contribuye a crear un ambiente multicolor muy alegre vayamos donde vayamos.

Se trata de una prenda cómoda y suelta, ideal para sentirse como en casa. Además, como se usa igual en casa que en la calle, permite a sus usuarios tomar el camino del supermercado sin pasar por el dichoso trance de arreglarse para salir.

Ha igualado los sexos, porque lo usan casi por igual hombres y mujeres, por lo que podemos considerarla la prenda menos machista que existe.

En las mujeres amas de casa ha sido el sustituto ideal de la bata de guatiné, con lo cual ha eliminado las conotaciones negativas - de marujeo - que aquella pudiera tener.

Es, hasta ahora, después del atuendo chino, la prenda más igualadora y democrática que existe pues lo usan todas las clases económicas.

Se ha impuesto tanto, y en tantos ámbitos, que si vistes una americana te miran como a un bicho raro, y si vistes traje de chaqueta piensan que trabajas en El Corte Inglés o eres director de una sucursal bancaria. Es decir, el chándal no sólo se ha generalizado, sino que se ha impuesto a todo lo demás.

Dentro de poco, si las cosas avanzan al mismo ritmo, en nuestro país habrá dos prendas: el chándal para el invierno, con toda su gama multicolor, y la bermuda para el verano, también multicolor.

Debo de decir que detesto esta moda, y que opino que esta uniformidad en el vestir que nos marca el chándal es lo más chabacano que existe. La elegancia en el vestir formaba parte de una cierta estética que contribuía a alegrarnos la vida.

Ese afán desmedido por la comodidad, en detrimento de la elegancia, es reflejo de un desprecio absoluto por la estética y de la imposición de una tiranía de la cultura light, que ha afectado de forma transversal y simultánea a todas las generaciones.

Ese concepto de la comodidad a cualquier trance, sin matices añadidos, nos conduce directamente a la bermuda como prenda universal del verano y al chándal para el tiempo frío.

Yo entiendo el vestir como una forma de respeto hacia uno mismo, y como el comienzo de una forma de respeto a los demás, y esta prenda, fuera de su uso como atuendo deportivo, se me hace poco respetable.

Yo agradezco a mis padres que me hayan privado de ese espectáculo multicolor del chándal.

Los límites de la libertad de expresión

La libertad de expresión es, quizá, la más fundamental de todas las libertades, pues es la que nos permite denunciar los intentos de cercenar otras libertades por parte de los poderes establecidos.

La libertad de expresión, por sí sola, garantiza muy poco, porque es preciso que existan los canales adecuados para que esa libertad formal se materialice. En una situación de monopolio informativo, por ejemplo, la libertad de expresión no se podría materializar. Sin embargo, este es otro capítulo y no es el objeto del presente escrito, en el que nos ocuparemos tan solo de la libertad formal, dando por supuesto que aquella se puede materializar.

Es indudable que el uso irresponsable, o malintencionado, de la libertad de expresión puede acarrear daños importantes, a veces de carácter irreversible - acordémonos del “calumnia que algo queda” -, a la persona o a la entidad perjudicada, y que dicho exceso debe ser castigado, de igual forma que resarcida la persona o la entidad. En esto creo que estaremos todos de acuerdo.

La cuestión a discutir es a quien corresponde limitar dichos excesos verbales en un Estado de Derecho. Mi opinión es que es sólamente la ley, mediante los tribunales,  la que se debe encargar de corregir dichos excesos, ya se trate de difamación, injurias, calumnias, atentado contra el honor, o cualesquiera que sean los diferentes delitos o faltas tipificados como consecuencia del mal uso de dicha libertad.

Si no protegemos adecuadamente la libertad de expresión las demás libertades, que dependen en gran parte de ésta, se verán amenazadas por todos los que, desde el poder, mantienen tentaciones liberticidas.

Ningún comité ético de periodistas, ni ningún ente oficial, al margen de los tribunales, debe arrogarse la potestad de decidir sobre el uso adecuado o inadecuado de dicha libertad. Eso supondría considerar a los ciudadanos súbditos, incapaces de seleccionar y contrastar la información que se les ofrece, al tiempo que dichos organismos acabarían convirtiéndose en órganos censores al servicio de los poderes fácticos establecidos.

Si la democracia nos supone maduros para votar, que es la decisión más importante que se puede tomar, también nos debe suponer maduros para leer o escuchar aquello que consideremos más oportuno.

Normalmente, aquellos que son partidarios de limitar la libertad de expresión, no están tan preocupados por el uso de la misma como por la audiencia de que disponga aquél al que pretenden limitársela. A ninguno de estos liberticidas le preocupa el uso inadecuado que pueda hacer de la misma alguien sin altavoz mediático, de la misma forma que tampoco le preocupará en exceso el mal uso que puedan hacer de la misma los medios afines a su ideología. Creo, por tanto, que aquellos que abogan por limitar la libertad de expresión alegando motivaciones éticas, en realidad, ocultan sus verdaderas intenciones: imponer su pensamiento como el pensamiento único, limitando exclusivamente la libertad de los que no piensan como ellos.

Al referirme a la libertad de expresión, y defenderla, lo hago con la que se dirige a la población adulta. Los niños merecen una protección y una consideración aparte, que sí me parece que debe quedar regulada.

La libertad de expresión debe estar garantizada por la ley, de la misma forma que tipificados sus excesos, y cualquier atajo a los tribunales esconde intereses inconfesables.

Es cierto que, a veces, el mal uso de dicha libertad puede condenar a personas al descrédito, y que enfrentarse a un poder mediático en los tribunales suele resultar costoso e infructuoso. También estoy absolutamente de acuerdo con eso, pero la solución sería mejor nuestro sistema legal, y acostumbrarnos a que el mayor garante de nuestras libertades debe ser el imperio de la ley. Estamos acostumbrados a lo contrario, y vemos que el poder político trata de maniatar al poder judicial, una y otra vez, pero debemos ser conscientes de que las democracias sólidas han de caracterizarse por el sometimiento de todos y cada uno de sus ciudadanos a la leyes.

De cualquier modo, estos peligros que encierra la libertad de expresión, como el descrédito absoluto e injustificado de una persona física o jurídica, nunca sería solventado por un organismo censor que estaría más ocupado en proteger los intereses del organismo por el que fue creado.

Los principales canales por los que se ejerce la libertad de expresión en las democracias modernas son la prensa escrita, la radio, la televisión, y últimamente internet. Ciertamente, los tribunales son absolutamente incapaces de controlar todos y cada uno de los excesos de la libertad de expresión procedentes de dichos medios, y esta incapacidad fáctica puede ser aprovechada por muchos para continuar usando impunemente los privilegios de abusar de dicha libertad.

A los sistemas democráticos hay que presumirles confianza en la madurez de las personas, pues por eso nos permiten que votemos. Esta madurez también debe servir para que las personas opten por aquellos canales de información que estimen más veraces, que contrasten mejor la información y que distingan claramente ésta de la mera opinión. De esta forma, en las democracias maduras, aquellos medios que falsificasen la verdad de forma continuada estarían condenados a desaparecer, ya que, como los políticos se encargan de recordarnos una y otra vez, aunque no acaben de creérselo, el pueblo es sabio.

Si lo somos, adelante: libertad de expresión sin otra cortapisa que la legal. Y si no, los propios políticos que votamos serían los primeros que habría que cuestionar.