El problema territorial

No hace mucho, el Rey, tras ser interpelado por una periodista respecto a Zapatero, afirmó que era un hombre honesto e íntegro, y que sabía muy bien hacia dónde iba, y lo que quería. ¿Hemos de interpretar esas palabras como tranquilizadoras?. Pudiera parecer que sí, pues si el Rey dice que es honesto e íntegro, y que al mismo tiempo sabe muy bien hacia dónde se dirige, y si el Rey conoce su proyecto, el mismo debería ser un proyecto cabal. Pero claro, por otra parte, no estamos - o no deberíamos estar - en un país de súbditos, y lo que el Rey diga o deje de decir no debería tener excesiva importancia.

Lo verdaderamente alarmante es, desde mi punto de vista, que cualquier ciudadano de a pie no sepa con claridad hacia dónde vamos, y pueda enjuiciar por su cuenta si vamos o no hacia buen puerto, sin necesidad de que ningún Rey paternalista se lo cuente. La opinión del Rey es una opinión más, y una democracia transparente debería proporcionar a cualquier ciudadano los mismos elementos informativos para formar su opinión que tiene el Rey. Existe la sensación generalizada de estar asistiendo a un cambio de Régimen del que los ciudadanos no formamos parte, y donde tan sólo una minoría - Rey incluido - conoce las claves de hacia dónde nos dirigimos. Esta situación, anómala donde las haya, me animó a escribir hace aproximadamente un año un artículo titulado “Prohibido cumplir más de lo que prometió”.

En efecto, los gobernantes deberían limitarse a cumplir aquello que prometieron, pero deberían tener absolutamente prohibido cumplir algo que no hubieran prometido, porque si no es así les abrimos las puertas para acometer todo tipo de reformas que podrían subvertir el régimen constitucional que nos hemos dado entre todos.  Sí, ya sé que ahí está el Alto Tribunal Constitucional para corregir los excesos del Ejecutivo, pero no nos engañemos…..Todos sabemos que no hay más que conocer a los miembros del Tribunal para saber de antemano el sentido de su voto, hasta el punto de que muchas veces nos hacen dudar de la utilidad de que exista un Tribunal tan Alto. Por esto, no estaría de más que el Ejecutivo se limitara a implantar aquello que prometió, aunque entretanto no estuviera de más reformar al Alto Tribunal para que en verdad respondiera a las altas expectativas que en él todos deberíamos depositar.

Las últimas elecciones generales nos permiten intuir que los magníficos resultados electorales del PSOE en Cataluña se deben, en buena parte, a haber logrado captar gran parte del voto nacionalista. La caída de ERC parece haber beneficiado al PSOE, que ha pescado votos en dicho caladero. Los resultados del PP, importantes pero insuficientes, parecen haberles aconsejado presentar una “cara más amable” que les permita igualmente captar parte de este voto. Esta nueva política se ha cobrado ya -y se sigue cobrando- sus víctimas, pero intenta conseguir a medio plazo esos dos o tres millones de votos precisos para gobernar. Parece como si el PP hubiera hecho suya parte de la politica del PSOE, a fin de hacerse más simpáticos en las regiones con aspiraciones nacionalistas, y así poder pescar en dichos caladeros. Piensan, y quizás tengan razón, que la tormenta desatada es pasajera y que cuando todo vuelva a su cauce, tras el congreso de junio, saldrán reforzados con una imagen más moderna y simpática.

Tras el encuentro de Zapatero con Ibarretxe, y el rechazo a su órdago de referéndum de autodeterminación para octubre de este año, es el socialista vasco Patxi López quien parece acaparar todo el protagonismo político en dicha región, asumiendo muchas de las tesis nacionalistas, quizá en un intento de repetir la jugada que tanto éxito les brindó en Cataluña.

La impresión que causan nuestros políticos es que han renuciado a los principios o, mejor, que han hecho suyo aquello que dijo Groucho: “Éstos son mis principios, pero si no le gustan tengo otros”. Entretanto, los ciudadanos que se preguntan por lo que pasa - cada día menos -, asisten perplejos a un espectáculo que cada día que pasa resulta más esperpéntico. Antes los ciudadanos no sabían lo que quería el PSOE, pero al menos creían saber lo que quería el PP, y ahora ya no saben nada. Además, si lo aclararan, ¿quién se fia ya?.

Hay que reconocer que  los partidos radicales, como ANV, o ERC, siempre han expuesto de forma mucho más clara sus posturas, en cuanto a la cuestión territorial se refiere, que los partidos de ámbito nacional.

El problema territorial, tan decisivo, tan fundamental para todos -nacionalistas incluidos - sigue ahí, larvado, enquistado, silenciado, sin que nadie lo aborde con la valentía y la firmeza que requiere. Mientras tanto, ambos, PP y PSOE, antes sólo uno, alimentan las ínfulas nacionalistas mirando exclusivamente el corto plazo, más preocupados por sus respectivos resultados electorales que por el futuro ominoso que nos están creando, y que puede que cuando lo quieran atajar se les haya escapado absolutamente de las manos.

Promesas electorales

Es muy triste observar el espectáculo que ofrecen nuestros políticos, para inmediatamente a continuación pensar que tenemos lo que nos merecemos.

 Todos estamos acostumbrados a que en época preelectoral los políticos prometan cosas que puedan hacer atractiva su oferta a los electores, pero de ahí a convertir la campaña en un mercadillo de todo a cien va un abismo, que - digo yo - marcará una diferencia entre las democracias maduras y las populistas.

Cualquier persona que pueda verse beneficiada por cualquiera de los señuelos electorales prometidos debería preguntarse: ¿ y por qué no me lo han ofrecido antes ?. Aparte, debería preguntarse hasta qué punto queda atrapado su voto por unos políticos sin escrúpulos, y si esas medidas que ahora aparentemente le favorecen no podrán perjudicarle por otro lado.

Ese goteo continuado de promesas, según marchen las encuestas de intención de voto, demuestran que nuestros políticos nos consideran títeres que pueden manejar a su antojo. Esta política demagógica, ruin, y ruinosa a un tiempo, es tan nefasta que todos los políticos se ven abocados, si quieren tener alguna oportunidad, a participar en esa carrera desenfrenada de promesas.

El clientelismo político que genera esta clase de políticas supone un cáncer para cualquier democracia, y todos los países que emprenden ese senda sin rubor tienen un difícil retorno.

No es lo mismo implementar una serie de reformas estructurales para abaratar el precio del suelo que pagar la mitad del alquiler, la fianza y el aval a determinados jóvenes, aunque estas últimas medidas sean más rentables electoralmente.

Las promesas electorales no sólo se reducen al puro mercantilismo con los electores.

Parece ser que una gran mayoría de la población aplaude la ilegalizacion de organizaciones, como el PCTV (Partido comunista de las tierras vascas) y ANV ( Acción nacionalista vasca), cuya vinculación con Batasuna era para todos algo más que una sospecha. Sin embargo, ¡casualidad de casualidades!, las pruebas oportunas para iniciar los trámites de su ilegalización no han aparecido hasta ahora. En este terreno se traspasa la barrera de la tunantería y de la desvergüenza, para penetrar en los abismos de la más profunda inmoralidad. Sin embargo, las encuestas vaticinan que el pueblo español está capacitado para soportar mayores dosis de engaño. Adelante con ello, pues.

Los problemas que ya anticipó Tocqueville, y que fueron magistralmente plasmados por Orwell, nos demuestran que el Estado no está dispuesto a ceder su papel de “Gran Hermano”, en favor de la independencia ciudadana, y que le sale mucho más rentable seguir considerándonos lo que en relidad somos: súbditos. Sólo aquellas naciones suficientemente cultas - no es el caso de España -, o aquellas con economías estructuralmente asentadas en el sector privado, pueden disponer de alguna posibilidad de combatir la inmensa demagogia que es la tentación continuada de nuestras democracias.

De lo contrario, en democracias débiles como la nuestra, sometidas a embates desde diversos frentes, la única forma de desalojar a un Gobierno en unas elecciones es,  o bien que ocurra una enorme catástrofe, de la cual se pueda responsabilizar al gobierno de turno, o bien que el nivel de paro y de corrupción generalizada haga ver imprescindible el cambio.

Es lógico que las personas se vean afectadas por el bolsillo, pero lo que no es lógico es que esa sea la única causa por la que las personas se vean afectadas. Esa especie de anestesia a todo lo demás que ocurre a su alrededor, excepto al bolsillo, muestra la imagen más decadente de una sociedad sin fibra y sin valores. Un partido político que quiere tener a los ciudadanos a su merced, con tan sólo llenarles la barriga, debe procurar cultivar un hedonismo superficial que impregne a toda la sociedad. No creo que una educación de calidad, destinada a formar ciudadanos librepensadores, interese a nuestros políticos, sino más bien una educación “light”, destinada a formar posibles futuros votantes manipulables desde la llamada de sus tripas.

Patriotismo, patrioterismo y educación

Un país como el nuestro, en el que muchas personas de determinadas regiones manifiestan no sentirse españolas, es difícil que sea patriótico. He escuchado muchas veces admirar el patriotismo de los estadounidenses, y compararlo con el nuestro.

Pero, ¿en qué consiste el patriotismo?. Parece que se trata de un sentimiento de orgullo por pertenecer a una determinada nación, o a un determinado pueblo. No es, por tanto, un sentimiento basado en méritos propios, sino basado en la coyuntura, casual, de haber nacido en un determinado lugar. No parece, por tanto, un sentimiento muy cabal, pues a nadie se le ocurriría sentirse orgulloso de haber sido premiado en la primitiva, aunque sí enormemente satisfecho. Por tanto, yo puedo entender que uno sienta cierta satisfacción, y agradecimiento al destino, por poder vivir en la nación más próspera del mundo, de la misma forma que por gozar de unas enormes ventajas por razón de nacimiento, pero de ahí a sentir orgullo por una circunstancia puramente casual, media un abismo. Uno puede también, si queremos, admirar la nación en la que ha nacido, por considerar que han sabido aprovechar las circunstancias mejor que otros, y que su prosperidad es debida a haber seguido el camino adecuado. Es muy discutible, pero podemos comprenderlo.

No obstante, a pesar de lo anteriormente expuesto, el patriotismo se vende muchas veces como una virtud, cuando, como hemos visto, no puede haber nada virtuoso en la pura casualidad. La educación, sin embargo, debidamente dirigida puede conseguir cualquier objetivo imaginable.

Parece más adecuado referirnos al patriotismo como un sentimiento de admiración - más que de orgullo - a la nación, o al pueblo que a cada uno le ha reservado el destino. La forma de conseguir esa admiración, mediante la educación, es ensalzar mediante una enseñanza diseñada “ad hoc” los méritos propios, soslayando a un tiempo los logros de otros pueblos. Dadme la asignatura de historia, y en una generación convertiré a Cádiz en la nación más orgullosa de la tierra.

Yo tampoco entiendo la admiración por los pueblos como tales, y pienso que la multicausalidad que hace que unas naciones sean prósperas y otras pobres es algo que trasciende a los individuos. Los individuos, como tales, sí pueden ser dignos de admiración en determinadas facetas particulares, y hay multitud de ejemplos de individuos ejemplares procedentes de lugares pobres.

La exaltación del patriotismo, como sentimiento de admiración por la propia nación, tiene efectos sin duda positivos, como son activar las respuestas de los individuos ante una posible agresión por parte de otros pueblos, pero también efectos claramente negativos, como justificar la dominación y la explotación abusiva de unos pueblos por otros, basados en una supuesta superioridad. Por otra parte, los políticos, una vez conseguida una nación o un pueblo de patriotas pueden invertir ese sentimiento según el gusto, como quien invierte en bolsa, para este fin o para aquel otro. Un sentimiento estúpido, como creo que es el patriotismo, puede dar mucho de sí, y se puede utilizar para la guerra y para la dominación, para mitificar a un enemigo inexistente, para inventar un victimismo que asegure de forma permanente en el poder a determinadas oligarquías, y para cuantos fines perversos podamos imaginar. En este sentido, recuerdo aquella famosa frase cuyo autor no recuerdo ahora, y que decía: “El patriotismo es el último refugio de los canallas”.

Por tanto, el patriotismo, aunque estúpido como sentimiento, puede resultar enormemente útil para ser utilizado por la clase política, y es improbable que renuncien a ese enorme poder por nuestro bien. Entretanto, cada uno lo que puede hacer es analizar estas cuestiones con perspectiva para ser más inmunes a la manipulación.

A nivel colectivo, la única salida a muy, muy largo plazo, para combatir patriotismos y nacionalismos sería avanzar hacia un gobierno mundial, aunque eso es hoy por hoy una enorme utopía, pero es la única forma que concibo de que todos nos sintiéramos ciudadanos del mundo. No creo que las grandes multinacionales estén muy interesadas en esta propuesta, porque el avance de la civilización que propiciaría un gobierno mundial sería menos proclive a la explotación.

Por patrioterismo entiendo algo mucho más inocente, mucho más inmaduro e infantil, como es el aplauso incondicional a una selección de fútbol que está realizando un mal partido, o a un piloto huraño que comparte nuestra nacionalidad. Esto no se diferencia mucho de los niños que animan al equipo de fútbol de su colegio y, en cierto modo, remeda el sentimiento infantil de pertenencia a un grupo. Me parece preferible disfrutar de un buen partido, o hacer abstracción de la nacionalidad del piloto, pero he de reconocer que los efectos de esto me resultan mucho menos dañinos.

¿Es tan importante una buena educación?

El informe PISA 2006 ( Programa para la evaluación internacional de alumnos) sitúa a España bastante por debajo de la media de la OCDE en capacidad lectora, en un nivel medio en matemáticas, y un poco por encima de la media en Ciencias. Todos los países, de forma general, han descendido en lo que se refiere a capacidad para la lectura, algo muy importante, puesto que la comprensión del resto de asignaturas depende directamente de esto. Parece también que existen diferencias significativas entre los alumnos según el nivel de estudios de sus padres, ocupando lugares más destacados los hijos de padres universitarios. Países como estados Unidos, o como Islandia, han obtenido resultados similares a España, contando con unos índices referentes a estatus económico, social o cultural, muy superiores a los nuestros. El primer lugar, como es ya tradicional, lo ocupa Finlandia.

 Yo, personalmente, creo que los actuales estudios de secundaria tienen un nivel de calidad inferior al de hace un par de décadas, y muy inferior al nivel de exigencia del antiguo bachillerato, con las reválidas de cuarto y sexto y el PREU (curso preuniversitario), y con las posteriores pruebas de madurez universitaria.

No parece existir, a simple vista, una correlación entre los resultados escolares y el nivel económico y de bienestar de una sociedad, y ahí está el caso de los estados Unidos, que con unos resultados absolutamente mediocres, similares a los de España, está a la cabeza en cuanto a desarrollo económico se refiere.

 Sin embargo, la mayoría intuimos que la educación es algo fundamental, y solemos sostener que la educación de nuestros menores será el fundamento de nuestra sociedad futura.  Puesto que no somos capaces, por el momento, de establecer una correlación entre la formación de nuestros alumnos y el bienestar económico de nuestra sociedad futura, deberíamos reflexionar más profundamente sobre los beneficios reales de una buena formación.

La educación secundaria promueve - o debiera promover - en los alumnos una formación general, mientras que la universidad, además de otras cosas, se debería encargar de formar futuros profesionales, y la formación profesional personal adiestrado en la práctica de determinados oficios. Desconozco si existen estudios serios que establezcan si existe, o no, una correlación entre la formación universitaria, y la formación profesional, y el bienestar económico futuro de una sociedad.

En todo caso, cabría esperar una correlación positiva entre formación de profesionales y bienestar económico, antes que con la formación secundaria. Podrá alegarse, y no sin fundamento, que el fracaso universitario puede ser mucho mayor sin una formación secundaria previa adecuada. En eso todos podemos estar de acuerdo, pero salvo en carreras muy técnicas, que exijan una preparación previa muy intensa en matemáticas y ciencias, o en carreras de ámbito muy general, la falta de preparación en secundaria no suele ser un escollo insalvable para cursar una carrera universitaria.

He conocido médicos, abogados y periodistas con dificultades para resolver una ecuación de segundo grado, o con un escaso conocimiento de las materias que se cursan en el bachillerato. También, es cierto, he conocido a ingenieros con un escaso conocimiento de historia, o de literatura. Quiero decir, con esto, que una formación sólida de bachiller no es precisa para desempeñar con la solvencia requerida una determinada profesión.

Las sociedades no funcionan con élites, sino con gente en su mayoría normal, y esto es una consecuencia directa de la curva de Gauss. Los médicos que nos atienden, los maestros que nos enseñan, los abogados que nos asisten, los ingenieros que emplean en las empresas, son, en su enorme mayoría, gente normal que desempeñan su profesión con mayor o menor desenvoltura, pero nada más. No precisan ser grandes intelectuales, ni pensadores profundos, ni disponer de una cultura amplia, y son, sin embargo, los que hacen que una sociedad pueda funcionar. Es más; eso es una condición necesaria, pero no suficiente, porque hay países con buenos profesionales que, por motivaciones diversas, se desenvuelven en la penuria económica. Los intelectuales, los eruditos, las personas con mucha cultura, juegan un papel en la sociedad mucho más modesto de lo que ellos mismos suelen creer. A veces se nos pretende presentar a los intelectuales como los verdaderos motores de una sociedad y, a mi juicio, nada más falso que eso.

 Todo este paréntesis nos devuelve a la pregunta del principio: ¿Una buena educación secundaria para qué?.

Hemos intentado razonar que nuestra intuición anterior, que era que el bienestar económico de nuestra futuras generaciones dependía de su formación actual, no venía corroborada por los hechos, ni tenía por qué ser así.

¿Debemos despreocuparnos del informe PISA, y dejar a los finlandeses que se sigan sintiendo tan ufanos con su primer puesto o, por el contrario, deberíamos empezar a tomarnos la cosa en serio?

Hasta el momento no hemos ofrecido una sola razón convincente, en favor de una enseñanza secundaria seria y de calidad. Quizás sea porque hemos elegido el camino del bienestar económico, reduciendo a la sociedad exclusivamente a esta dimensión.

Yo pienso que una enseñanza secundaria de calidad es fundamental, pero no porque conduzca a sociedades económicamente más desarrolladas, sino porque crea sociedades más críticas, y porque sus individuos tienen más posibilidades de alcanzar el estatus de verdaderos ciudadanos. Una persona formada - con una buena formación se  entiende - tiene más criterio, más capacidad de análisis, y resulta, en suma, más difícil de ser manipulada. Las personas poco formadas, aunque sean médicos, arquitectos o abogados, por señalar sólo algunos ejemplos, son mucho más susceptibles de ser “dirigidos” por los medios de manipulación de masas que las personas que han conseguido alcanzar esa formación.

La incultura, en suma, no tiene que conducir al desastre económico, pero sí a la alienación del individuo, que pasa de ser un ciudadano consciente a convertirse en un mero súbdito. Las democracias reales precisan de dos factores fundamentales: una clase media pujante, que no dependa de la subvención del partido de turno, y de una formación aceptable, que nos haga mucho más inmunes a la manipulación.

Progresismo versus conservadurismo

Normalmente la izquierda en España se llama a sí misma progresista, y la derecha asume que es conservadora. Me gustaría en este artículo analizar estos términos, a fin de conocer si lo anterior responde a algún tipo de realidad o, por el contrario, se trata de una mitificación más.

 Si entendemos por progresistas a los amantes de cierto tipo de progreso, como el tecnológico, o como el científico, yo conozco - y supongo que todos conocemos - a muchas personas de derechas que les encanta el último artilugio, o que disfrutan con los vances de la ciencia. Por tanto, será conveniente restringir el concepto de progresista a algún ámbito más concreto, como por ejemplo el de los derechos sociales. Admitamos, por el momento, que la gente de izquierda, en general, es más partidaria de ampliar derechos para la gente más necesitada, mientras que la derecha se muestra más partidaria de conservar los privilegios.

¿Podemos decir, en ese sentido, que la gente de izquierda es más progresista que la gente de derecha?. La manera de decidir si esto es así será analizar las características generales que definen lo que entendemos por izquierda, así como las características de lo que entendemos por derecha, e intentar deducir si de esas características se deriva el carácter conservador para la derecha y el progresista para la izquierda.

La izquierda, en general, es más partidaria de la intervención estatal en muchos aspectos de la sociedad, mientras que la derecha lo es más de favorecer la iniciativa privada, desconfiando más de la intervención estatal. Hay otras diferencias, por supuesto, pero quizás la más relevante sea la anterior. Además, otras diferencias entre izquierda y derecha varían según los países que se consideren, mientras que la diferencia que señalé anteriormente es la más constante. 

 Dese el punto de vista anterior, una persona de derechas que defienda la igualdad de oportunidades - aunque esto sea una utopía -, una sanidad y una educación públicas, y unas prestaciones sociales modernas, puede considerarse un progresista, mientras que aquel que propugne seguros privados para todas las cuestiones anteriores podría ser considerado un reaccionario. De igual forma, una persona de izquierdas que aún defienda tiranías como la de Castro, o igualar por lo bajo, aún a costa de que todos estén peor, podría considerarse un reaccionario, mientras que aquél que desarrolle políticas de izquierda evitando la demagogia al uso, y respetando las reglas de las democracias modernas, basadas en la separación de poderes, y en el respeto escrupuloso al Estado de derecho, es digno de ser considerado progresista.

 Por tanto, ni ser de izquierdas implica ser progresista ni ser de derechas implica ser conservador. A veces, sin embargo, con más frecuencia de lo deseable, los partidos de izquierda, y las personas de izquierda, pretenden monopolizar la idea de progreso.

El respeto escrupuloso a la ley y al Estado de derecho es un signo inequívoco de progreso, pues la ley, al ser igual para todos, sin excepción, nos protege de los poderosos. Todo el peso del poder del Estado se manifiesta en la ley, y en la independencia de Poderes, y nadie puede sentirse seguro en un Estado en el que la ley es papel mojado. Más inseguros que nadie los pobres, los que carecen de recursos. Desde este punto de vista, no hay nadie más reaccionario que aquel que propugna la impunidad ante la ley según y cómo, dependiendo de como soplen los vientos.

Por supuesto que existen leyes injustas, y habrá que intentar derogarlas pero, entretanto, habrá que cumplirlas aunque no nos gusten, siempre que no atenten contra la dignidad humana. Esto, que fue algo común en los años 30 y 40 del pasado siglo en Europa, hoy constituye una excepción en las democracias occidentales.

 En función de todo lo anteriormente expuesto, un buen test para calibrar si estamos ante una persona progresista o reaccionaria es preguntarle por su opinión respecto al cumplimiento de las leyes, y averiguar el respeto que mantienen por la indepencia de poderes. Una persona de izquierdas, o de derechas, que desea que su partido favorito gobierne a cualquier precio, incluso por encima de la ley, es un reaccionario.

La Casa Real y la unidad de España

Hace aproximadamente una semana el diario El Mundo se hizo eco de la preocupación de la Casa Real en torno a la quema de fotos de los Reyes en Gerona, lo cual, según afirmaba el mismo diario, no se interpretaba como un ataque a la persona de Don Juan Carlos, sino más bien como un ataque a la unidad de España y a la Constitución. Este mismo lunes, en Oviedo, Don Juan Carlos ha destacado que la Monarquía parlamentaria que sustenta nuestra Constitución ha determinado el más largo período de estabilidad y properidad en democracia vividos en España.

 Ante estas manifestaciones de la Casa Real, y del Rey mismo, sólo se me ocurre decir: ” A buenas horas, mangas verdes”. Debo explicar que por “mangas verdes” se conocía en Cádiz a unos policías que, cuando se les requería, siempre aparecían a destiempo. Puede ser que sea la Monarquía la Institución que haya determinado la etapa de mayor estabilidad y prosperidad vividas en democracia en nuestro país, pero si eso fuera cierto no estaría de más que dicho reconocimiento viniera de la mano de otras personas más desinteresadas en dicho juicio.

No hacía falta, digo yo, que se quemaran fotos de los Reyes como para verlas venir. Ya se veía mucho antes, y había sido advertido por numerosos medios de comunicación, y a los representantes del PP en Cataluña se les perdona la vida de continuo, y en las Vascongadas aún peor. Sin embargo, los Reyes de todos los españoles sólo han visto el peligro que eso supone cuando han visto quemadas su fotos.  Desde mi punto de vista reaccionan tarde y mal, porque al menos podrían haber disimulado un poco, dejar que el tiempo hiciera que todos nos olvidáramos del agravio sufrido por sus personas, y por la Institución que encarnan, y entonces, sólo entonces, expresar su preocupación por la unidad de España y por el tormento no figurado, sino real, que sufren muchos españoles por el totalitarismo nacionalista.

Aparte, aunque dos Repúblicas hayan fracasado estrepitosamente en España, por mucho que se empeñen la unidad de España y la Corona no deben seguir caminos convergentes necesariamente. Particularmente, la unida de España me importa mucho, mientras que la Corona sólo me importa en cuanto que instrumento secundario para garantizar la estabilidad, pero sin establecer necesariedad alguna entre la continuidad de España como nación y la continuidad de la Corona. Me parece un instrumento muy útil, aunque en forma alguno necesario. Si me pareciera necesario los que me parecerían prescindibles serían el conjunto de los españoles. Nuestro futuro como nación no debe depender de una Institución.

Personalmente, me parece mucho más racional la República que la Corona, y no albergo una especial simpatía por la Institución ni por quienes la representan, cuyo servicio a España no me ha parecido el más acertado, al menos en lo que a su función moderadora se refiere. No obstante, hace mucho tiempo que dejé de pensar que lo óptimo desde el punto de vista racional es lo óptimo desde un punto de vista real. De igual forma que pienso que un sistema democrático, con separación de poderes, y con un Estado de Derecho ejemplar, no funcionaría en Burundi, albergo serias dudas sobre un nuevo experimento republicano en España. Por supuesto, también albergo serias dudas sobre la continuidad de la España que consagra la Constitución con la institución de la Corona que tenemos, y con el Gobierno actual.

Respecto a la unidad de España, los únicos partidos que se han expresado con claridad en favor de la independencia son ERC, HB, o en su defecto ANV, y el BNG. El PNV a medias, ahora abiertamente, y CIU siempre de forma ambigua. La claridad es de agradecer, porque no esconden sus cartas, y saben que la separación entraña riesgos evidentes que están dispuestos a asumir, o al menos eso parece.

No entiendo, sin embargo, cómo la Constitución da cabida a partidos abiertamente separatistas, que no respetan las reglas del juego, y que lanzan desafíos anticonstitucionales, como el referéndum propuesto por Ibarreche. Los partidos separatistas sólo podrían tener cabida en nuestro sistema si admitieran que la única manera de obtener respuesta a sus aspiraciones secesionistas fuera mediante una reforma constitucional, en la forma que la propia Constitución prevee.

Yo considero el suelo catalán tan mío como de Maragall, de la misma forma que el suelo de Cádiz, y entiendo que los residentes en Cataluña sólo tienen el usufructo de su suelo, por lo que considero que la decisión de separarse no es competencia exclusiva de los usufructuarios, sino de todos los propietarios; en nuestro caso, de todos los españoles.

Sin embargo, si llegado el caso, se planteara un referéndum y nada, ni nadie, lo impidiera, exijo el mismo derecho del resto de España a elegir el momento y las condiciones más oportunas para desprendernos de lo que se ha constituido en una verdadera rémora. Esto sería, tan sólo, la aplicación de un principio de reciprocidad en desventaja, porque si una parte más pequeña siente el derecho de ser autónoma, más razones aún le corresponderán a la parte más grande para desprenderse de la más pequeña. Esta última cuestión siempre ha sido eludida por los catalanes de las listas en las que he intervenido, e ignoro, francamente, el porqué.

Educación para la ciudadanía

Siempre mantuve recelos sobre la implantación de esta nueva asignatura con carácter obligatorio. Se trataba entonces de algo intuitivo, que era incapaz de intelectualizar adecuadamente.

Por una parte estaba José Antonio Marina, autor del que poseo algunos libros, que era quien había elaborado el primer texto de la nueva materia, por encargo de la editorial SM. Por otra parte, en un coloquio en el que participaba el mismo autor, tras ser preguntado sobre el derecho de los padres a educar, dijo que no era éste un derecho absoluto, y que por encima de este derecho estaba el de los hijos a ser bien educados. Puso el ejemplo de que un padre con ideas nazis no debería disponer del derecho de inculcar a su hijo tales “ideas”.

Según parece la nueva asignatura pretende “educar en valores”, y estos “valores” se han ido pergeñando un poco “ad hoc”, como se puede observar en el contenido de la página del Ministerio, a la que hago referencia en el enlace anterior. He leído cosas sueltas sobre guías que ha editado el Ministerio de Educación, así como sobre los diversos contenidos de los que se pretende dotar a la asignatura.

Hace tan sólo unos días escuché decir a la ministra que la nueva asignatura era tan importante como las matemáticas, y sólo pensé que cómo entonces había tardado tanto en inventarse.

También me sorprendió, por lo escandaloso, que la formación de los profesores que impartirían la nueva asignatura se había encargado a una Fundación dirigida por un diputado socialista.

En fin, la cuestión primordial son los “valores” a impartir, o sobre los que discutir, aunque si de esto último se trata, de discutirlos, habría que recordarle a la ministra que el teorema de Pitágoras no se discute, sino que se demuestra, y uno no opta por aceptarlo orechazarlo, como si de una valoración subjetiva se tratara. Al final, las valoraciones, los “valores”, forman parte de la conciencia íntima de las personas, y “formar” las conciencias suena a adoctrinamiento, se mire por donde se mire, o lo haga quien lo haga, ya sea el Estado, la Iglesia, Marina o quien se tercie.

Yo considero mucho más imprtante enseñar a discutir, a polemizar o a razonar, siguiendo unas bases, que impartir “valores”. Entretanto, enseñe usted conocimientos objetivos, y cuando la persona los haya adquirido, y sepa discutir y analizar lo aprendido, que sea él quien establezca las valoraciones que juzgue más adecuadas. Los “valores” son subjetivos, pues si no lo fueran merecerían un nombre diferente, y deberían ser impartidos en aquellas asignaturas en las que se enseñan conocimientos objetivos. No es conveniente relativizarlo todo, ni dar un carácter absoluto a lo que tan sólo es una valoración personal.

A mí, por ejemplo, las democracias occidentales me parece que han alcanzado un grado de civilización muy superior a las teocracias medievales, y que de ningún modo se pueden situar al mismo nivel. También me parece que no está demostrado que la adopción de hijos por homosexuales no tenga repercusiones para el desarrollo emocional a largo plazo de estos niños, aunque los homosexuales me parezcan dignos de total respeto, y aunque piense que no se debe discriminar a nadie por razón de su condición sexual. También opino que la homosexualidad, o la heterosexualidad, no son opciones, como tanto se viene insistiendo, sino tendencias que poseen un probable trasfondo genético desconocido en la actualidad. Y, en fin, podría seguir hablando y hablando sobre mis pareceres o sobre mis valores, pero no serían más que esto: “valores”, o valoraciones subjetivas, que no puedo pretender que todos los demás compartan.

Otra cosa son las leyes, la ley positiva, que a todos obliga, independientemente de nuestro credo particular. Aunque yo sea partidario de la ablación de clítoris, o esté en contra de las transfusiones, la ley me impone una conducta a seguir, y cuando existe un conflicto entre mis “valores” y la ley, yo deberé optar entre mi conciencia o la cárcel. La ley es el sistema mediante el que las sociedades civilizadas se protegen de la escala particular de valores de cada ciudadano. Si todos compartiéramos los mismos “valores” la gran mayoría de las leyes resultaría ociosa.

“Educar en valores” me parece privar al ciudadano de ejercer una función que le compete, en función de los conocimientos que ha adquirido en el tiempo y en el lugar en que le ha tocado vivir, y permitir que sea el Estado el que asuma la función que le corresponde a éste supone relegarlo a la condición de mero súbdito, algo más propio de regímenes totalitarios que de sistemas democráticos modernos. Si el que adoctrina es el Estado, malo; si quien lo pretende hacer es el Gobierno de turno, mucho peor.

El voto condicionado y el voto incondicional

Según parece, en nuestro país, el resultado de unas elecciones generales viene determinado por los llamados indecisos: unos pocos millones de votantes que, en base a acontecimientos relevantes, se movilizan y decantan su voto por uno de los dos principales partidos.

 El resto, la gran mayoría, tiene decidido su voto  de antemano, hagan lo que hagan los inquilinos de la Moncloa. Se trata de un voto incondicional y, en cierto modo, estos votantes le están entregando un cheque en blanco a sus respectivos partidos.

Aquel partido que tenga más votantes incondicionales puede gobernar con mayor impunidad, con menor temor de ser castigado electoralmente por sus posibles desmanes. Basta con que unos meses antes de las elecciones realice unos cuantos gestos para conseguir el voto de los indecisos.

Sin embargo, el partido con menos votantes incondicionales debe gobernar desde el principio con mayor tacto, con mayor delicadeza, con mayor afán de consenso, puesto que cuando se acerquen las elecciones habrá de convencer a un número mayor de indecisos para seguir gobernando. Algo así sucedió con Aznar tras su primera legislatura en la que, por no haber conseguido mayoría absoluta, hubo de gobernar desde el consenso, y consiguió captar a la mayor parte del voto indeciso consiguiendo una amplia mayoría absoluta en la 2ª legislatura. Gallardón, por su parte, en la Comunidad de Madrid y en la alcaldía, consigue mayorías absolutas merced a su talante para el consenso.

Podríamos afirmar que el partido con mayor voto incondicional puede afrontar medidas más drásticas con menor riesgo de perder el poder, mientras que el otro partido debe ser necesariamente más mesurado si desea permanecer en el poder.

Las sociedades democráticas más maduras deben tener un voto flotante, o condicionado, mayor que las que son más inmaduras, en las que el voto sigue anclado en términos maniqueos: aquí están los buenos y allí están los malos.

Los votantes condicionales deben saber la forma en que podrá ser utilizado su voto según voten a uno u otro partido. Si desean reformas drásticas, valientes, rupturistas, deben apostar por el partido con una mayor base de votos incondicionales. Si, por el contrario, prefieren un clima de tranquilidad, alejado de tensiones rupturistas, siempre en el filo de la navaja, deben apostar por el partido con una base menor de voto incondicional.

Obviamente, siempre habrá excepciones, pero en general lo natural será que ocurra en la forma expuesta.

No responda

Hay preguntas que están formuladas de tal forma que, responda uno lo que responda, siempre queda mal. Lo suyo sería responder matizando adecuadamente, precisando nuestra respuesta, pero en muchas ocasiones el propio contexto en que nos formulan la pregunta no nos lo permite. Lo saludable es no responder, porque si lo hacemos nuestra respuesta será uitilizada con fines demagógicos, en el mejor de los casos.

Preguntas como “¿está usted a favor de la paz?, o, “¿está a favor de la igualdad de género?”, o, “¿le parece bien la enseñanza obligatoria”? están planteadas de forma capciosa, buscando el “sí” como respuesta inevitable, pues si contestamos que no estaremos señalándonos como belicistas, como machistas o como elitistas.

Este tipo de preguntas, aparte de su ambigüedad, que precisa matización, esconde una clara intencionalidad, y no es simplemente una pregunta ambigua en el sentido que puede serlo la pregunta siguiente: “¿cree usted en el libre albedrío?”.

No responder a una pregunta no significa rehuir una responsabilidad, sino que bien puede significar todo lo contrario. Puede ser señal de que, como somos responsables, nos negamos a que otros utilicen nuestra respuesta como coartada para fines inmorales o demagógicos.

Hay otras formas más sutiles aún de conducir a un engaño. Supongamos que un gobierno se dispone a adoptar unas medidas que repugnan a gran parte de la población como, por ejemplo, conceder un beneficio penitenciario a un terrorista que ni siquiera se ha arrepentido.

Una forma de conseguir que muchos apoyen su postura es plantear la siguiente pregunta: “¿cree usted que las víctimas, o sus familiares, deben ser quienes dicten la política antiterrorista?”. Obviamente, la respuesta a esta pregunta es que no, que no deben ser ellos, sino el gobierno, quien trace las líneas de la política antiterrorista. Esta pregunta, sin embargo, busca el efecto perverso de hacer crer que como no deben ser las víctimas quienes lo hagan entonces lo que haga el gobierno estará bien hecho, por impopular que sea. El razonamiento es así de simple: dado que las vítimas están implicadas emocionalmente no buscan justicia, sino venganza, y como el gobierno se propone hacer lo contrario de lo que las víctimas desean el gobierno adopta la decisión justa, aunque a simple vista no lo parezca.

Yo siempre sospecho de quienes me plantean preguntas capciosas, o de quienes me plantean preguntas de respuesta evidente.

En otras ocasiones la pregunta encierra un matiz connotativo claramente peyorativo. Es el caso de una persona que en una lista solía preguntar a algunas otras personas: ¿oye, fulano, eres franquista?. Era una forma hábil de insultar sin hacerlo, puesto que sólo se formulaba una pregunta. Además, respondiera el otro lo que respondiese, ya lo había etiquetado. Lo mejor era no responder, o, en todo caso formularle a su vez otra pregunta como, por ejemplo, ésta: ¿ y tú, eres estalinista?.

Las técnicas de que se sirve la propaganda moderna son tan eficaces, y tan abyectas, que mucha gente puede llegar a considerar más noble y más leal a una pandilla de asesinos que a un partido democrático. Si no, no se explica que en un determinado pueblo de Madrid aparezcan carteles electorales, con una pintada sobre un candidato de determinado partido, animando a la ETA a matarlo.

La perversión del lenguaje es otra arma tremenda de la propaganda, pero el objeto de este artículo era tan sólo hablar de aquellas preguntas que no había que responder.

Los límites de la libertad de expresión

La libertad de expresión es, quizá, la más fundamental de todas las libertades, pues es la que nos permite denunciar los intentos de cercenar otras libertades por parte de los poderes establecidos.

La libertad de expresión, por sí sola, garantiza muy poco, porque es preciso que existan los canales adecuados para que esa libertad formal se materialice. En una situación de monopolio informativo, por ejemplo, la libertad de expresión no se podría materializar. Sin embargo, este es otro capítulo y no es el objeto del presente escrito, en el que nos ocuparemos tan solo de la libertad formal, dando por supuesto que aquella se puede materializar.

Es indudable que el uso irresponsable, o malintencionado, de la libertad de expresión puede acarrear daños importantes, a veces de carácter irreversible - acordémonos del “calumnia que algo queda” -, a la persona o a la entidad perjudicada, y que dicho exceso debe ser castigado, de igual forma que resarcida la persona o la entidad. En esto creo que estaremos todos de acuerdo.

La cuestión a discutir es a quien corresponde limitar dichos excesos verbales en un Estado de Derecho. Mi opinión es que es sólamente la ley, mediante los tribunales,  la que se debe encargar de corregir dichos excesos, ya se trate de difamación, injurias, calumnias, atentado contra el honor, o cualesquiera que sean los diferentes delitos o faltas tipificados como consecuencia del mal uso de dicha libertad.

Si no protegemos adecuadamente la libertad de expresión las demás libertades, que dependen en gran parte de ésta, se verán amenazadas por todos los que, desde el poder, mantienen tentaciones liberticidas.

Ningún comité ético de periodistas, ni ningún ente oficial, al margen de los tribunales, debe arrogarse la potestad de decidir sobre el uso adecuado o inadecuado de dicha libertad. Eso supondría considerar a los ciudadanos súbditos, incapaces de seleccionar y contrastar la información que se les ofrece, al tiempo que dichos organismos acabarían convirtiéndose en órganos censores al servicio de los poderes fácticos establecidos.

Si la democracia nos supone maduros para votar, que es la decisión más importante que se puede tomar, también nos debe suponer maduros para leer o escuchar aquello que consideremos más oportuno.

Normalmente, aquellos que son partidarios de limitar la libertad de expresión, no están tan preocupados por el uso de la misma como por la audiencia de que disponga aquél al que pretenden limitársela. A ninguno de estos liberticidas le preocupa el uso inadecuado que pueda hacer de la misma alguien sin altavoz mediático, de la misma forma que tampoco le preocupará en exceso el mal uso que puedan hacer de la misma los medios afines a su ideología. Creo, por tanto, que aquellos que abogan por limitar la libertad de expresión alegando motivaciones éticas, en realidad, ocultan sus verdaderas intenciones: imponer su pensamiento como el pensamiento único, limitando exclusivamente la libertad de los que no piensan como ellos.

Al referirme a la libertad de expresión, y defenderla, lo hago con la que se dirige a la población adulta. Los niños merecen una protección y una consideración aparte, que sí me parece que debe quedar regulada.

La libertad de expresión debe estar garantizada por la ley, de la misma forma que tipificados sus excesos, y cualquier atajo a los tribunales esconde intereses inconfesables.

Es cierto que, a veces, el mal uso de dicha libertad puede condenar a personas al descrédito, y que enfrentarse a un poder mediático en los tribunales suele resultar costoso e infructuoso. También estoy absolutamente de acuerdo con eso, pero la solución sería mejor nuestro sistema legal, y acostumbrarnos a que el mayor garante de nuestras libertades debe ser el imperio de la ley. Estamos acostumbrados a lo contrario, y vemos que el poder político trata de maniatar al poder judicial, una y otra vez, pero debemos ser conscientes de que las democracias sólidas han de caracterizarse por el sometimiento de todos y cada uno de sus ciudadanos a la leyes.

De cualquier modo, estos peligros que encierra la libertad de expresión, como el descrédito absoluto e injustificado de una persona física o jurídica, nunca sería solventado por un organismo censor que estaría más ocupado en proteger los intereses del organismo por el que fue creado.

Los principales canales por los que se ejerce la libertad de expresión en las democracias modernas son la prensa escrita, la radio, la televisión, y últimamente internet. Ciertamente, los tribunales son absolutamente incapaces de controlar todos y cada uno de los excesos de la libertad de expresión procedentes de dichos medios, y esta incapacidad fáctica puede ser aprovechada por muchos para continuar usando impunemente los privilegios de abusar de dicha libertad.

A los sistemas democráticos hay que presumirles confianza en la madurez de las personas, pues por eso nos permiten que votemos. Esta madurez también debe servir para que las personas opten por aquellos canales de información que estimen más veraces, que contrasten mejor la información y que distingan claramente ésta de la mera opinión. De esta forma, en las democracias maduras, aquellos medios que falsificasen la verdad de forma continuada estarían condenados a desaparecer, ya que, como los políticos se encargan de recordarnos una y otra vez, aunque no acaben de creérselo, el pueblo es sabio.

Si lo somos, adelante: libertad de expresión sin otra cortapisa que la legal. Y si no, los propios políticos que votamos serían los primeros que habría que cuestionar.